Más de 200 miembros de la comunidad académica y de investigación mundial en Demografía y Salud de la Población hacen una solicitud urgente a los Gobiernos de América Latina y el Caribe para “incrementar significativamente la cobertura de pruebas COVID-19 y las estrategias de trazabilidad (rastreo de contagios) en los países de la región”.

“El éxito de una respuesta eficaz en los países de América Latina para contener la pandemia de COVID-19 depende de ampliar la cobertura de pruebas con el fin de identificar e interrumpir las cadenas de contagio”, asegura Enrique Acosta, PhD en Demografía y vocero de la iniciativa*.

Afirmó que la contención efectiva de la transmisión del virus en Singapur y Corea del Sur fue posible gracias a drásticas medidas de distanciamiento social pero especialmente a la aplicación masiva de pruebas que permitieron detectar infecciones y generar cadenas de rastreo .

“Solo fue posible flexibilizar las medidas de aislamiento una vez se aislaron las personas infectadas. Para esto, es indispensable rastrear e interrumpir las cadenas de contagio. Sin el acompañamiento de estrategias agresivas de detección de casos de COVID-19, no habrá datos disponibles para informar eficazmente las estrategias de confinamiento y se corre el riesgo que resulten poco efectivas”, puntualiza.

Los expertos señalan en un documento técnico que mientras países como Singapur y Corea del Sur han llevado a cabo más de 7 mil pruebas por millón de habitantes, en los países de América Latina y el Caribe de los que se dispone de información, el promedio se encuentra en 512 pruebas por millón de habitantes. Esto equivale a menos de una décima parte de la cobertura de pruebas de los países mencionados.

El documento destaca cuatro características de la región, que a diferencia del caso de los países Europeos, representan retos mayores para atender la pandemia. De acuerdo con los expertos, estos factores “pueden exacerbar de manera dramática las consecuencias negativas de la pandemia de la enfermedad COVID-19”.


Estos son:

Prevalencia de enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de muerte por COVID-19. Las enfermedades crónicas preexistentes, como las respiratorias, las afectaciones de las arterias coronarias, la hipertensión y la diabetes, aumentan hasta 10 veces el riesgo de deceso por COVID-19. Dado que varios países de América Latina y el Caribe presentan una alta prevalencia de estas enfermedades, no solo los adultos mayores tendrán un riesgo elevado de complicaciones críticas y deceso.

Carencias en la infraestructura de atención en salud. La pandemia ha saturado los sistemas de salud en España e Italia, obligando al personal médico a dictar protocolos para priorizar el tratamiento de unos pacientes sobre otros. En estos países se cuentan con 2.97 y 3.18 camas de hospital por cada mil habitantes, respectivamente. En América Latina y el Caribe, el indicador promedio es inferior a 2 camas de hospital por cada mil habitantes, lo cual desencadenará más rápidamente una situación de colapso del sistema de salud.Condiciones socioeconómicas limitadas para el confinamiento de la población.


Cerca de la mitad de la fuerza de trabajo es informal y dentro del sector formal no se cuenta con suficientes políticas de protección laboral. Por lo anterior, las medidas de confinamiento, esenciales en la contención de la epidemia, tienen una capacidad limitada de sostenimiento en el tiempo. Un gran porcentaje de la población sin recursos suficientes para suspender su actividad económica por un periodo prolongado, se verá en la necesidad de exponerse a mayores riesgos de contagio.

Estructuras familiares que aumentan el riesgo de contagio a las edades de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con los resultados de pruebas de diagnóstico en países con mayor cobertura, se ha identificado que las mayores tasas de infección inicial se dan entre jóvenes y adultos. En América Latina y el Caribe, los altos niveles de cohabitación de jóvenes y adultos mayores incrementa el riesgo de contagio en las edades con mayor riesgo de complicaciones de salud y muerte.


“Somos conscientes que incrementar el número de pruebas demanda altos costos económicos iniciales. Sin embargo, los beneficios se verán reflejados en menores tasas de mortalidad, menor empobrecimiento y menores secuelas en la salud física y mental de la población a largo plazo. Esto sin contar con la reducción sustancial del riesgo de nuevos brotes y la consecuente disminución de confinamientos que serán, cada vez, de más difícil aplicación”, concluye el doctor Acosta. *

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*Enrique Acosta Gutiérrez. Ph.D. en Demografía. Investigador científico del Equipo de Salud de la Población del Max Planck Institute for Demographic Research. Especialista en el estudio de la mortalidad en epidemias y pandemias de influenza, sobre lo cual ha publicado varios artículos en revistas de alto prestigio en demografía y epidemiología. Actualmente reside en Alemania.